Las 0:00 horas del 17 de noviembre de 2014 fija la convocatoria para un paro de la actividad del transporte en principio fijado en 72 h si el Gobierno no ha rectificado y cumple exactamente la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En una reunión ordinaria, celebrada el 28 de octubre, el Pleno del Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, emitía un comunicado.
“Desde e l 27 de febrero de 2014 en que se dictó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ordenaba al Estado Español la devolución de las cantidades ilegalmente recaudadas con el denominado “céntimo sanitario”, este Comité ha ofrecido colaboración al Gobierno para el ordenado cumplimiento de la misma. Como respuesta la Agencia Tributaria, tras dilatar inútilmente el proceso, ha tratado de engañar al sector del transporte con la única intención de escamotear el exacto cumplimiento de la Sentencia, apropiándose de un dinero que está obligado a devolver. Así se ha puesto de manifiesto en las primeras resoluciones de la Agencia Tributaria, en respuesta a la legítima petición administrativa de devolución por parte de nuestros asociados.”
Aunque el Tribunal de Justicia Europeo mandó devolver el céntimo sanitario, creado en 2001 e ilegalmente cobrado desde 2002, el Gobierno únicamente se comprometió a devolver el periodo no prescrito de 2009 a 2012. Los cálculos del Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, de devolver un máximo de 2.000 M€ (no incluyen el tramo autonómico); no coinciden con las cifras del sector que las estima en más de 4.000 M€. Este tijeretazo ha encendido a un sector castigado por la crisis y al que se recurre con demasiada frecuencia para recaudar. Desde Hacienda aseguran que ya han resuelto más de 23.000 solicitudes en un proceso de gran complejidad, ya que cada reclamación puede incluir un centenar de facturas por transportista.
Sin embargo, aunque desde las organizaciones del transporte se denuncia que “el Tribunal de Justicia de la UE ha informado que la CE podría iniciar un procedimiento ante este tribunal denunciando al Reino de España por incumplimiento”, no queda muy claro si Hacienda está dispuesta a cumplir la directiva comunitaria o la interpretará de forma favorable a sus intereses. Según un comunicado de la Dirección General de Fiscalidad y Unión aduanera de la CE al representante permanente de España ante la UE, "No corresponde a la Comisión Europea explicar a las autoridades de un Estado miembro cuál es la interpretación correcta del TJUE. Es al estado al que corresponde cómo ha de proceder para ejecutar de forma correcta la sentencia”. El conflicto de intereses queda en el aire.
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